Para dar con su correcta respuesta al problema, la protección ambiental debe observar el comportamiento de los intereses especiales. Tomemos por ej. las firmas papeleras que talan los bosques nacionales estadouni-denses. En ellos, y con los dólares de nuestros impuestos, el Servicio Forestal de EE.UU. construye tres o cuatro sendas de rodar troncos por cada vía de acceso. De este modo, vastas extensiones de nuestros preciosos bosques pueden ser derribadas, y aprovechadas por las compañías papeleras a costo muy bajo, reforestando solamente por valor de unos céntimos.

     Pero cuando las tierras son de propiedad de las compañías papeleras – es decir, privadas – sorpresivamente ¡se vuelven ambientalistas leales! Reforestan sus propias áreas boscosas, cuyas superficies plantadas se incrementan cada año mientras los bosques nacionales decrecen progresivamente. Incluso el 30% de los beneficios de la empresa International Paper proviene del uso recreacional de sus bosques en el sur del país.

     ¿Por qué hay tanta diferencia entre los modos de tratar las companías papeleras su propia tierra y la propiedad pública? Porque cuando a una papelera se le permite talar un bosque nacional, tiene poco incentivo para cosechar de manera responsable y sostenible, dado que no posee garan-tía alguna de acceso al mismo bosque otra vez. Sin propiedad privada, el planeamiento a largo plazo y consiguiente cuidado de los bosques y selvas simplemente no tienen sentido económico.

     Por el contrario, los propietarios privados sí obtienen ganancias ciertas del planeamiento a largo plazo, porque en el futuro son ellos mismos quienes recogerán los frutos de sus esfuerzos conservacionistas. Y si en lugar de seguir con la propiedad deciden venderla, siempre sacarán mayor precio si está bien cuidada, y ello se aplica a los bosques.

     Bajo estas consideraciones, podemos proponer una estrategia en dos piezas para la protección ambiental, que puede convertir el deseo de obtener ganancias en un propósito de ayudar a la madre naturaleza en interés propio: 1) propiedad individual del ambiente; y 2) responsabilidad jurídica por daños causados a propiedades ajenas.

Posesión De Una Porción De La Tierra: Hace mucho que los británicos aprendieron a poner un alto a la contaminación de sus corrientes de agua: los derechos de pesca en ríos y arroyos de Inglaterra son bienes privados, y por ende pueden ser comprados y vendidos. En el último siglo, los contaminadores han sido llevados a juicio por celosos propietarios como cosa de rutina, obligandoles a componer o compensar cualquier daño que hayan causado. Cada propietario aledaño de estos ríos se vuelve de hecho un protector del ambiente, porque obtiene ganancias personales por cuidarlo y protegerlo.

      Una vez, en el Golfo de México, los pescadores de camarón reclamaron partes del océano como de su propiedad, a título de "instalación" (homesteading) de una explotación comercial, una inveterada práctica. Incluso constituyeron una asociación voluntaria para mantener las aguas productivas y evitar la sobrepesca. Pero eso se acabó cuando el gobierno de EE.UU. se hizo cargo, a principios de este siglo. Tan pronto como el gobierno de EE.UU. se tomó las pesquerías, así también lo hicieron los gobiernos del Tercer Mundo con las selvas y bosques, y los intereses particulares se aprovecharon sin tener que rendir cuentas.

     Un elemento importante en la protección de los bosques es el respeto a los derechos de instalación, que observan aquellas poblaciones indígenas que exhiben una pauta consistente de uso sostenible. Publicaciones conservacionistas como "Cultural Survival" [Supervivencia cultural] admiten que el mantenimiento de los derechos de propiedad de los nativos es absolutamente crucial para salvar las selvas.

     La propiedad privada también alienta la preservación de especies en peligro. Por ej. en Zimbabwe, se respetan los derechos de instalación de los nativos sobre los elefantes en sus tierras. Implica que como cualquier otra propiedad privada, los elefantes y sus productos pueden venderse legalmente. Por tanto, los nativos protegen celosamente de los cazadores furtivos a los elefantes, que son suyos, y muy valiosos. Y tienen incentivos suficientes para criar la mayor cantidad de elefantes que puedan, a fin de patrocinar comercialmente excursiones "safaris", y vender marfil, cuero y carne. En ese país la población de elefantes se ha incrementado de 30 mil a 43 mil en los últimos 10 años. La gente protegerá el ambiente cuando le pertenezca y pueda aprovecharlo.

     De otro modo, cuando los gobiernos tratan ellos mismos por ej. de pastorear las manadas de animales sil-vestres, el resultado predecible es el desastre. El gobierno de Kenia reclamó la propiedad de todos los elefantes y pro-hibió su cacería. Y mientras en Zimbabwe los elefantes se multiplican, en Kenia han declinado un 67% en la última década.

     El medio ambiente que "no tiene dueño" padece de una condición ya descrita en 1968 por el Dr. Garret Hardin – en la prensa – como "la tragedia de los comunes", referida a los bienes: la propiedad que "pertenece a todos", es responsabilidad de nadie. Por ej., los peces del océano, se considera que pertenecen al primero que los capture; por consiguiente cada quien trata de coger todo lo más que pueda hoy día, antes que su competidor lo haga mañana. En cambio, si el océano pudiese ser parcelado y loteado – como ocurrió en el referido caso de las camaroneras - los dueños tendrían un incentivo para asegurarse que la población marina se mantuviera, y aún se expandiera.

El Contaminador Debe Pagar: Si alguien contamina o destruye la porción de la tierra perteneciente a otro, debería restituirle o compensarle. En la práctica podría llegar a ser tan costoso que el contaminador fuese a la quiebra por su descuido. Y si los ejecutivos de las companías fuesen hechos civilmente responsables en lo personal por sus actos deliberados de polución, tendrían poco incentivo para envenenar aire, tierra o agua. Si los contaminadores y no los contribuyentes de impuestos fuesen hechos responsables por los daños, correrían con las consecuencias negativas de la contaminación. En conclusión:

     La privatización del medio ambiente da a sus dueños el incentivo para protegerlo. Y asegurar que los contamina-dores y no los contribuyentes indemnicen a sus víctimas es el mejor disuasivo. Podemos salvar la tierra haciendo que el afán de lucro opere en nuestro favor y no en contra nuestra. ¿Qué podría ser más natural?